El Departamento de Justicia gastó 3,7 millones de dólares en drones desde 2004 hasta mayo pasado, con más del 80 por ciento de las compras destinadas al FBI, de acuerdo con el informe.
El entonces director del FBI, Robert Mueller, admitió en junio pasado en una audiencia ante el Congreso que esa agencia usa drones para tareas de vigilancia en territorio estadounidense, pero matizó que su utilización se da "muy raras veces".
El informe del inspector general recomienda al Departamento de Justicia que desarrolle políticas específicas sobre el uso de drones que tengan en cuenta el respeto a la privacidad.
En marzo pasado varios senadores alertaron de que el uso de drones para tareas de vigilancia y recolección de información puede amenazar la privacidad de los ciudadanos, mientras los expertos están recomendando nuevas leyes para regular su utilización sin violar derechos constitucionales.
"Ninguna agencia, incluyendo el FBI, debería desarrollar vigilancia doméstica con drones sin tener primero unas fuertes normas sobre la privacidad", indicó en un comunicado Jay Stanley, analista de la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU, en inglés), tras la divulgación del informe.
Stanley instó, además, al Congreso a aprobar un proyecto de ley que establece que las autoridades encargadas de hacer cumplir la ley deben obtener aprobación judicial antes de usar drones y prohíbe explícitamente que esos aviones estén armados.
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